El Gobierno de España prepara una subida millonaria de tasas a las nucleares
El Gobierno ultima la aprobación del nuevo Plan
General de Residuos Radiactivos (PGRR), la hoja de ruta sobre cómo gestionar los
desechos nucleares, cómo desmantelar todas las centrales nucleares en tiempo y
forma, y cómo y cuánto pagar por todo ello durante todo este siglo. La
pretensión inicial del Ejecutivo era haber aprobado el plan durante el verano
pasado, pero el adelanto electoral y el largo periodo de gobierno en funciones
paralizó todo. El paso del nuevo plan por el Consejo de Ministros para su ‘ok’
definitivo en principio se producirá a muy corto plazo.
La versión final del nuevo PGRR contempla la
construcción de siete almacenes diferentes en España para guardar los desechos,
uno en cada una de las centrales nucleares. Los residuos se quedarán durante
décadas en cada central tras los cierres escalonados previstos entre 2027 y
2035, hasta que sean trasladados a un futuro almacén geológico profundo (AGP),
aún por diseñar y elegir su ubicación, que en principio no estará operativo
hasta 2073.
Durante los últimos años el Gobierno ha mantenido
vivas dos alternativas sobre qué hacer con los residuos de alta radiactividad
de las centrales: transportarlos y guardarlos todos en un almacén temporal
centralizado (ATC) durante unas décadas (que era la opción que se mantuvo
durante años con la idea de localizarlo en Villar de Cañas, en Cuenca) o
construir siete almacenes temporales descentralizados en el país (ATD).
Ante la falta de consenso político y social, y dado
que ninguna comunidad autónoma finalmente quería acoger un gran cementerio
nuclear nacional, el Gobierno se ha decantado por la opción de los siete
almacenes. Una vía que requiere unas inversiones mucho mayores, que es más
cara: la opción de construir siete cementerios implica cerca de 2.000 millones
de euros más de inversión, hasta los 19.244 millones hasta el año 2100. Un
sobrecoste que obligará a aplicar una subida millonaria a las tasas que pagan
las centrales nucleares para financiar la gestión de sus residuos radiactivos y
el desmantelamiento de las propias plantas.
Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria -que
es la denominación correcta- de 7,98 euros por cada megavatio hora (MWh) de
electricidad que producen. En total, dependiendo el volumen final de
electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales
nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales
también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales
de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que
actualmente cuenta con unos 7.500 millones acumulados.
Los sobrecostes previstos en el futuro PGRR que se
aprobará de manera inminente empuja a una subida de esa tasa del 25%, hasta
cerca de 10 euros por MWh, según confirman varias fuentes del sector nuclear a
EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Un incremento que elevaría los pagos que realizan cada
año las centrales nucleares hasta cerca de los 570 millones de euros, 120
millones más que los abonos actuales. El Ministerio para la Transición
Ecológica, que será el encargado de aprobar esa subida de la tasa a las
nucleares, ha preferido no hacer comentarios sobre la futura subida.
El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas
el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Y en
ese protocolo se acordó aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan
las compañías por la electricidad producida, lo que llevó a que el Ejecutivo
subiera la tasa hasta los 7,98 euros por MWh generado que se aplica
actualmente. Una tasa que entonces se consideraba suficiente para cubrir los
costes de gestionar los desechos nucleares y para construir un almacén temporal
centralizado.
Enresa, la empresa pública encargada de gestionar
los residuos radiactivos en España, elaboró en 2020 un primer borrador de nuevo
plan general de residuos radiactivos en que sólo se contemplaba la opción de
construir un único ATC y cuya memoria financiera mantenía la tasa en esos 7,98
euros por MWh. En la siguiente versión del plan que elaboró Enresa y se sometió
a audiencia pública se incluyeron las dos alternativas: levantar un solo ATC o
construir siete almacenes por todo el país, lo que implicaría aplicar una tasa
de 8,1 euros por MWh o elevarla a 9,6 euros por MWh, respectivamente.
En la última versión del PGRR conocida sólo se
contemplaba ya la construcción de los siete almacenes y se anticipaba que la
prestación patrimonial necesaria sería de 9,7 euros por MWh. Todos los años
Enresa elabora una actualización de previsiones financieras ligadas al
desarrollo de la gestión de los residuos a largo plazo y en su último informe,
elaborado el pasado junio, elevó sus estimación de la tasa necesaria hasta los
10,15 euros por MWh, según apuntan fuentes empresariales conocedoras.
Las compañías nucleares auguran que el Gobierno
finalmente ajustará ligeramente ese importe (por una menor inflación a la
estimada cuando se elaboró esa estimación) y aprobará una subida de los pagos
hasta el entorno de los 10 euros por MWh.
Fuentes oficiales de Enresa consultadas por este
diario subrayan que las reuniones permanentes que mantienen con los titulares
de las centrales versan sobre asuntos técnicos y sobre los costes generales del
PGRR y sobre las inversiones que debe afrontar cada una de las plantas, pero no
se aborda el importe de la tasa. En cualquier caso, las estimaciones
financieras que elabora Enresa no son vinculantes y la decisión sobre la
cuantía de la prestación que se aplica las centrales nucleares es competencia
exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica.
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